La gran celebración y la factura: el giro financiero mundial de los derechos de organización de los Juegos Olímpicos.

En 2024, el gobierno de la provincia de Quebec, en Canadá, anunció que invertirá 870 millones de dólares para reemplazar el techo del Estadio Olímpico de Montreal. Esta ya es la tercera vez que se reemplaza el techo de este recinto. Construido en 1976, el estadio es apodado el «Gran O» — aunque más a menudo se le llama en broma «Big Owe», es decir, «el que debe mucho». Hace medio siglo, unos Juegos Olímpicos de verano con un presupuesto de solo 124 millones de dólares terminaron generando a los contribuyentes de Montreal una deuda de unos 1500 millones de dólares, que tardaron treinta años enteros en saldar. Hoy, este edificio considerado un hito de Montreal sigue consumiendo recursos públicos en los libros de cuentas bajo el concepto de gastos de mantenimiento.

Los Juegos Olímpicos nunca han sido un carnaval que una ciudad celebra para sí misma; siempre han estado insertos en la competencia por el poder nacional y el prestigio global. Pero desde la segunda mitad del siglo XX, esa competencia fue evolucionando hasta convertirse en un juego de costos elevados. Un estudio de la Universidad de Oxford de 2024 estima que, desde 1960, el costo promedio de organizar unos Juegos Olímpicos ha sido el triple del presupuesto presentado en la candidatura. El sobrecosto generalizado ya no es un accidente de ingeniería ocasional, sino un rasgo institucional de los grandes eventos deportivos. De Múnich a Ciudad de México, de Montreal a Tokio, el aumento de la seguridad, los plazos de construcción, las especificaciones de las sedes y las exigencias políticas han llevado conjuntamente los costos de organización a cifras astronómicas.

El punto de inflexión ocurrió en 1984. Los Ángeles fue la única ciudad candidata de ese año, lo que le otorgó un poder de negociación poco común. Apenas necesitó construir nuevas sedes permanentes; en cambio, dependió de las instalaciones existentes para celebrar los juegos. Además, como los ingresos por derechos de transmisión televisiva comenzaron a dispararse, Los Ángeles terminó generando un superávit operativo de unos 215 millones de dólares. Parecía que «organizar unos Juegos con moderación» era un camino viable. Pero lo que el Comité Olímpico Internacional vio después fue una oportunidad contraria: si podía inducir a más ciudades a competir por la candidatura, el derecho a ser sede aún podía venderse a un precio alto. Así, el número de ciudades candidatas pasó de 2 en 1988 a 12 en 2004, y el número de candidaturas de economías en desarrollo también creció después hasta más del triple de lo que era antes de 1988.

En una estructura de competencia global como esta, entre las ciudades candidatas y el COI se formó una dinámica de «maldición del ganador»: para derrotar a otros aspirantes, las ciudades tienden a proponer planes más grandiosos, más costosos y más poco realistas; y el COI, que tiene el poder de elección, favorece naturalmente aquellos planes que estén dispuestos a destinar la mayor cantidad de fondos y proyectos emblemáticos. Los datos públicos muestran que Sochi gastó más de 50 000 millones de dólares para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014; Pekín destinó unos 45 000 millones de dólares al presupuesto para los Juegos Olímpicos de 2008, de los cuales más de la mitad se invirtió en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y proyectos ambientales. Gran parte de esos fondos no se convirtió después del evento en beneficios a largo plazo que los ciudadanos comunes pudieran aprovechar; en cambio, dejó un grupo de grandes recintos conocidos como «elefantes blancos», que son enormes, de un solo uso y requieren cada año cuantiosos gastos de mantenimiento.Las economías emergentes consideraron en su día los Juegos Olímpicos como el escenario ceremonial del ascenso nacional. Pekín 2008, Sochi 2014 y Río 2016 fueron, en cierto modo, una exhibición de desarrollo económico y confianza nacional. Brasil y Rusia incluso vincularon grandes proyectos de infraestructura a los Juegos Olímpicos, tratando de impulsar así la modernización urbana. Pero si se amplía la mirada a una escala temporal más larga, se descubre que el beneficio marginal de estos "proyectos de prestigio" ha caído de forma considerable. La desaceleración del crecimiento económico mundial, el aumento de la presión de la deuda pública y la creciente demanda social interna han erosionado la legitimidad de las grandes obras. Al mismo tiempo, el sistema internacional se ha vuelto más plano y más fragmentado; un país ya no necesita una insignia deportiva global para hacerse notar.

El Comité Olímpico Internacional también ha intentado reformarse. Después de 2019, se simplificó el procedimiento de candidatura, se alargó la ventana temporal y se permitió que distintas ciudades, regiones e incluso países coorganizaran los Juegos. Milán-Cortina, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, se convertirá en el primer caso real de organización conjunta entre dos ciudades, con el plan de reutilizar en gran medida instalaciones existentes y los excedentes de los Juegos de París. Es una concesión al viejo modelo. Pero lo que resulta aún más incómodo para el COI es que el número de candidatos no se ha recuperado por ello. Brisbane, en Australia, ganó los Juegos Olímpicos de Verano de 2032 sin ningún rival, convirtiéndose en la primera ciudad anfitriona elegida "sin competencia" desde Los Ángeles en 1984. Esto demuestra que la reforma solo ha rebajado el listón de entrada, pero no ha resuelto la contradicción central: la enorme escala de los propios Juegos Olímpicos sigue estrechamente ligada al modelo de ingresos comerciales del COI.

Visto desde fuera, los ingresos del COI dependen de los derechos de retransmisión, los patrocinadores mundiales y la magnitud del evento. Para mantener su influencia como organización global, debe conservar el posicionamiento de "máxima categoría" de los Juegos; para aliviar de verdad la carga de las ciudades anfitrionas, sería necesario reducir el tamaño y el nivel de fastuosidad. Pero estos dos objetivos chocan estructuralmente entre sí. Este no es solo un problema de los Juegos Olímpicos; es también el dilema compartido por muchas organizaciones de gobernanza global en esta era de transición: el interés de la propia institución suele convertirse en el límite de la reforma. Cuando la "gran fiesta del mundo" se convierte en la "factura de la ciudad", el enfriamiento del interés por presentar candidaturas no responde ya a una emoción pasajera, sino a un nuevo juicio fiscal de alcance mundial.

En este sentido, la elección de Milán-Cortina y de Brisbane puede anunciar un futuro más pragmático: celebración coordinada de los eventos a escala regional, inventario obligatorio de la factura medioambiental, aprovechamiento pleno de las instalaciones existentes y desconfianza hacia los edificios permanentes. Los grandes acontecimientos deportivos no desaparecerán, pero la sede dejará de ser un simple honor para tratarse como una inversión pública de largo plazo que exige una evaluación rigurosa. Hace medio siglo, Montreal pagó un alto precio por el prestigio; hoy, cada vez más ciudades aprenden a calcular primero los costes y beneficios reales. En un momento en que el orden político y económico mundial está siendo remodelado, ningún gran evento puede subsistir al margen de la realidad fiscal.