¿Cómo aborda el derecho internacional fragmentado la contaminación marina por plásticos: hacia un acuerdo global integrador?

Cuando el plástico llega al océano, el derecho internacional sigue en tierra

En 2025, la producción anual mundial de plástico ha ascendido a 436 millones de toneladas. Por cada tonelada de plástico producida, alrededor del 75 % acaba convirtiéndose en residuos, y una parte considerable de ellos llega al océano a través de los ríos, las costas y el transporte marítimo. Los modelos de predicción muestran que, si los actuales métodos de producción y gestión de residuos se mantienen sin cambios, para 2040 la cantidad de plástico que entrará al océano cada año será de entre 23 y 37 millones de toneladas, lo que equivaldría a la acumulación de 50 kilogramos de fragmentos de plástico por cada metro de costa en todo el mundo.

Esta cifra ya ha trascendido el ámbito de los problemas ambientales para convertirse en un síntoma del fracaso de la gobernanza mundial. La contaminación por plásticos tiene un carácter transfronterizo, persistencia ambiental y efectos ecotoxicológicos, pero la respuesta del derecho internacional sigue atrapada en un mosaico normativo fragmentado. Los científicos han detectado aproximadamente 190 000 partículas de microplásticos por kilómetro cuadrado en el mar de China Meridional, han encontrado fragmentos de plástico en el tracto digestivo de más del 65 % de los peces del Atlántico Norte, e incluso han detectado microplásticos en tejidos de placentas humanas. Las alarmas de los ecosistemas ya se han disparado, mientras que el derecho internacional sigue sumido en una zona gris entre los compromisos blandos y las obligaciones vinculantes.

El marco actual del derecho internacional: un ciclo que no logra cerrarse

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) está considerada la piedra angular de la protección del medio marino. Su artículo 194 exige que los Estados adopten todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino, y su artículo 195 prohíbe transferir o transformar los daños por contaminación de una forma a otra. Estas disposiciones parecen completas, pero carecen de disposiciones específicas para las particularidades de la contaminación por plásticos: la persistencia de los plásticos, su proceso de fragmentación y su capacidad de transporte a larga distancia hacen que la lógica tradicional del control de la contaminación pierda eficacia.

Lo que resulta más crítico es que la ambigüedad de la UNCLOS genera incertidumbre en la aplicación de la ley. Los artículos 198 a 204 establecen mecanismos de notificación, cooperación y monitoreo, pero su implementación está condicionada por la voluntad financiera de los países desarrollados y las brechas de capacidad de los países en desarrollo. Los mecanismos de aplicación de los artículos 213 a 233 dependen de la coordinación entre el Estado del pabellón, el Estado ribereño y el Estado del puerto; sin embargo, los conflictos de jurisdicción y la falta de confianza mutua entre los Estados hacen que estas disposiciones rara vez se activen en la práctica. En cuanto a la responsabilidad del Estado contemplada en el artículo 235, casi nunca se ha aplicado a casos de contaminación por plásticos, debido a la dificultad de establecer una relación de causalidad entre una fuente específica de contaminación y el daño ambiental.

Al mismo tiempo, 17 instrumentos internacionales —incluidos el Convenio de Londres sobre vertimiento de desechos, el Convenio MARPOL y el Convenio regional OSPAR— cubren cada uno un fragmento de la gobernanza del plástico, pero carecen de una jerarquía normativa unificada. El Convenio de Londres regula principalmente el vertido desde buques y aeronaves; el MARPOL se centra en las descargas del transporte marítimo; y el OSPAR, como mecanismo regional, solo es vinculante para el Atlántico nororiental. Estos mecanismos se superponen entre sí, pero no logran aunar fuerzas. Los estudios señalan que la normativa internacional existente solo cubre menos del 30 % de las etapas del ciclo de vida del plástico; la contaminación de fuentes terrestres, el control de los microplásticos y la transferencia transfronteriza de residuos plásticos se han convertido en puntos ciegos típicos de la gobernanza.

Contradicciones estructurales: primacía del derecho blando y ausencia del derecho duroEn un nivel más profundo, la dificultad de la gobernanza mundial de los plásticos marinos se origina en una doble línea de falla. Primero, las prioridades de la comunidad internacional se inclinan por la reparación posterior de la contaminación, en lugar de reducir la producción y el uso de plásticos en su origen. Segundo, los países desarrollados exportan desechos plásticos a los países en desarrollo, lo que genera una transferencia de contaminación, pero el derecho internacional carece de herramientas jurídicas eficaces para frenar este dumping ecológico implícito.

Este desajuste estructural se refleja en el plano normativo en la “prioridad del derecho blando y la ausencia del derecho duro”. Las prácticas regionales de gobernanza de plásticos presentan dos modelos: uno es el modelo de responsabilidad extendida de la cadena de suministro de la Unión Europea, que hace hincapié en la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y la gestión del ciclo de vida completo; el otro es el modelo de control de importación de desechos del Sudeste Asiático y el sur de Asia, basado principalmente en prohibiciones nacionales y coordinación regional. Sin embargo, estos instrumentos regionales carecen de estándares obligatorios a escala mundial. El Convenio OSPAR, aunque ha avanzado en la reducción de la basura marina, solo cubre una única región marítima y no puede hacer frente a los giros plásticos transoceánicos.

El problema más profundo radica en la propia fragmentación del derecho internacional ambiental. Para el cambio climático existe el Acuerdo de París; para la biodiversidad, el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, pero la contaminación por plásticos no comenzó el proceso de negociación de un tratado mundial sobre plásticos hasta 2022. Incluso si las negociaciones tienen éxito, si el tratado carece de mecanismos de integración con el derecho internacional existente, podría repetir el error de la UNCLOS: un marco ambicioso, pero una aplicación débil.

Marco integrador: convenio paraguas más protocolos temáticos

Ante esta fragmentación, el mundo académico y el político han comenzado a orientarse hacia un diseño institucional más sistemático. La propuesta de esta investigación es un modelo de integración vertical de “convenio paraguas más protocolos temáticos”, complementado con mecanismos horizontales de articulación.

Desde la dimensión vertical, el Tratado Mundial sobre los Plásticos (GPT) debería actuar como convenio marco de rango superior, establecer un límite global máximo a la producción de plásticos y transformar el principio de precaución en una “cláusula de no regresión”: es decir, los países no pueden reducir los estándares de protección existentes alegando desarrollo económico. El tratado debe establecer un mecanismo de revisión periódica que ajuste dinámicamente las cuotas de producción con base en los datos del monitoreo científico. Esto se vincularía con el mecanismo del mercado de carbono del Acuerdo de París, generando sinergias entre la reducción de plásticos y la reducción de emisiones de carbono.

Desde la dimensión horizontal, el tratado sobre plásticos debe conectarse con las enmiendas del Convenio de Basilea, reforzando la transferencia de tecnología y la responsabilidad ampliada del productor para los desechos plásticos transfronterizos. La enmienda sobre desechos plásticos del Convenio de Basilea ya ha establecido el umbral del “consentimiento informado previo” para el comercio de desechos, pero carece de estándares técnicos globales unificados y de mecanismos de reconocimiento mutuo. La investigación propone que, a través del reconocimiento mutuo de estándares regionales, se promueva la creación de un sistema de certificación transnacional para la gestión de desechos plásticos.

En cuanto a las áreas marinas protegidas (AMP), el Acuerdo BBNJ (Acuerdo sobre la Diversidad Biológica Marina de las Zonas situadas fuera de la Jurisdicción Nacional) proporciona un nuevo instrumento jurídico. La investigación sostiene que, en el marco del BBNJ, deben precisarse reglas específicas sobre la contaminación por plásticos para las AMP, incluidos umbrales exigibles —por ejemplo, establecer límites máximos para la concentración de microplásticos en el agua de mar de las áreas protegidas— y el “principio de no daño”, que prohíba cualquier actividad marina que pueda agravar la contaminación por plásticos.

Jurisdicción obligatoria y gobernanza de múltiples partes interesadasSi la integración de tratados es el esqueleto institucional, el mecanismo de implementación es el músculo. La investigación propone otorgar al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) jurisdicción obligatoria sobre las disputas por contaminación plástica marina. Aunque esta idea es controvertida, no es una quimera. En una serie de opiniones consultivas recientes, el ITLOS ha mostrado una interpretación expansiva de las obligaciones ambientales marinas; si la contaminación plástica se incluye en su jurisdicción, podría resolver eficazmente los vacíos de aplicación derivados de la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón.

Sin embargo, ningún mecanismo internacional puede divorciarse de la realidad política. El estudio cita el proyecto piloto «Blue Circle» (Círculo Azul) de China como un caso de gobernanza de múltiples partes interesadas. Este modelo integra al gobierno, las empresas, las comunidades y las instituciones de investigación en una plataforma de colaboración unificada, y reduce los desechos plásticos marinos mediante la trazabilidad digital y los incentivos de mercado. Esta práctica de abajo hacia arriba aporta experiencia operativa para la implementación nacional de los tratados globales.

La gobernanza global no pretende excluir los mecanismos regionales. Al contrario, un tratado global eficaz debería acelerar los experimentos regionales y retroalimentar las experiencias exitosas como normas globales. La iniciativa del «Triángulo de Coral» en el Sudeste Asiático, la Directiva sobre plásticos de un solo uso de la UE y las políticas de impuestos sobre el plástico en África son campos de prueba institucionales potenciales. La clave está en establecer un mecanismo de retroalimentación cíclica de «práctica regional — estándar global — ajuste regional».

En última instancia, la gobernanza global de la contaminación plástica marina es, en esencia, una competencia institucional sobre cómo el derecho internacional se adapta a la era ecológica. El antiguo orden internacional se asentaba en la soberanía estatal y en la lógica lineal de quien contamina paga, mientras que la crisis del plástico exige una responsabilidad global sobre el ciclo de vida, la equidad intergeneracional y el pensamiento basado en umbrales ecológicos. En este sentido, el tratado global sobre plásticos no es solo un acuerdo ambiental, sino una prueba de esfuerzo para que el derecho internacional pase de la fragmentación a la integración.

Cuando los microplásticos ya han entrado en la placenta humana, el futuro marco jurídico internacional debe responder. No con otra declaración ambiciosa pero vacía, sino con un sistema normativo capaz de cerrar las brechas de gobernanza. De lo contrario, el océano seguirá cargando en silencio la inercia jurídica de la humanidad.